Notifrayba. Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas
Reseñamos las Jornadas realizadas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el foro “La disputa por la memoria con el Estado” en Ciudad de México, y el anuncio del abrazo zapatista para las madres buscadoras.
Audios: Jornadas en San Cristóbal, Cobertura de la KeHuelgaRadio en CDMX, Transmisión de L@s Terci@s Compas.
Música de fondo: “Mujer”, María Inés Ochoa
Collage de imágenes: KeHuelgaRadio, CDH Frayba, GranOm
Preocupa el negacionismo frente a la situación de las víctimas del desplazamiento forzado interno en Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
14 de septiembre de 2026
Boletín No. 15
Preocupa el negacionismo frente a la situación de las víctimas del
desplazamiento forzado interno en Chiapas
• Gobierno de Chiapas experto en ocultar la violencia, que persiste en los territorios, en complicidad con la delincuencia organizada
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), tiene documentado, a la fecha, 24,510 víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Chiapas, todas ellas incluidas en la investigación realizada por el Grupo de Trabajo Región Frontera, que se dio a conocer con el informe Chiapas: la Paz Pendiente;1 y en nuestro balance anual: Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal.2
En la región fronteriza, particularmente en los municipios de Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa y Chicomuselo, persiste una situación crítica de violencia armada y control territorial por parte de grupos criminales, que ha provocado el desplazamiento de cientos de familias desde 2021 a la fecha. Muchas de estas personas continúan en movilidad forzada, sin acceso a refugios seguros, sin atención humanitaria y expuestas a nuevas agresiones durante su tránsito. La ausencia de una respuesta estatal integral -y la falta de aplicación efectiva de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, cuyo reglamento permanece desde 2012 inexplicablemente sin ser promulgado-, agravan la vulnerabilidad de estas comunidades, que continúan sin reconocimiento oficial y sin rutas claras para su protección y eventual retorno.
Estos datos evidencian la magnitud de una problemática que el Gobierno continúa negando, mientras mantiene una respuesta insuficiente y simula atender a las víctimas, sin garantizar de manera efectiva sus derechos, su protección ni las condiciones necesarias para un retorno seguro y digno. Persisten personas en desplazamiento forzado pleno e intermitente, así como comunidades que viven bajo asedio y en constante vulnerabilidad frente a grupos de la delincuencia organizada que operan en complicidad con autoridades municipales, estatales y fuerzas de seguridad federales.
Entre estas se encuentran las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal; la Guardia Estatal bajo las órdenes del Secretario de Seguridad del Pueblo; las Fiscalías Regionales subordinadas al Fiscal General del Estado de Chiapas; así como el Ejército mexicano, bajo mando del Gobierno Federal. Esta articulación de actores armados y autoridades permite la continuidad de la violencia y profundiza la crisis humanitaria que enfrentan las comunidades desplazadas.
Recientemente, hemos documentado la situación de DFI de familias originarias del ejido Nueva Independencia, municipio de Ángel Albino Corzo, quienes fueron desplazadas, entre la segunda mitad de 2024 y principios de 2025, como consecuencia de la violencia desatada en la zona que se intensificó después de la elección del presidente municipal, Manuel de Jesús Moreno Fernández, del Partido Verde Ecologista de México. Testimonios refieren que el presidente municipal estaría brindando protección a un grupo de poder político “Los Robleros”, al que las personas afectadas señalan vínculos directos con agentes de la delincuencia organizada.
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