Radio Zapatista

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LAS REDES DE RESISTENCIA EN REBELDÍA

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS

A LAS ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS EN GUERRERO

AL CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DEL MUNDO, EN GUERRERO Y TODO MÉXICO

Una vez más el 6 de mayo, el grupo delincuencial denominado “los Ardillos”, atacó a comunidades de la montaña baja, organizadas en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF, policía comunitaria indígena) y en el Concejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

Pobladores de Alcozacán, Acahuehuetlán y Xicotlán fueron agredidos y obligados a dejar sus hogares.

El 9 de mayo la agresión se extendió hacia Alcozacán.

Mas de 1,200 personas huyeron de sus comunidades.

Desde 2015, las agresiones no han parado. Los compañeros de CIPOG-EZ han documentado 81 asesinatos y 25 desapariciones.

Ahora traen drones con explosivos y armas de mayor calibre. Muy superior a la cantidad y calidad de las armas de cacería que tienen la mayoría de policías comunitarias.

Otro intento mas de apropiarse de los recursos naturales, del territorio, del oro, la plata, otros minerales, de los llamados minerales críticos que tanto necesita el imperialismo norteamericano para sus armamentos, sus guerras y otros negocios. Mañana los usarán en México.

Las mineras para obtener sus superganancias han buscado el control, la penetración, la expulsión, la desorganización o el aniquilamiento de las comunidades indígenas. Despojan para acumular más ganancias. Esa ha sido una de las funciones de los grupos de la delincuencia.

¿Son necesarios para atraer inversión extranjera directa? ¿los van a negociar en el T-MEC? Entre la región de La Montaña y la de la Costa Chica, existen 24 concesiones mineras.

Grupos como los ardillos no solo trabajan para los capitalistas, también para los políticos. En todos los partidos, hay políticos que tienen relaciones con este tipo de grupos delincuenciales. Los heredaron, abrieron nuevas relaciones, “jinetean” sus votos y sus recursos económicos, obtenidos en diversos “negocios”.

“COMO LO ASE LA SEÑORA GOBERNADORA Y LA SOMBRA QUE LA MUEVE QUE ES SU PADRE FÉLIX SALGADO, QUE SE HACE LLAMAR EL TORO SIN CERCA ,Y QUE HAN PACTADO TODO GUERRERO POR ESO SIGUE SUMIDO EN LA VIOLENCIA Y NO QUEREMOS SER AVE DE MAL AGÜERO PERO SE PONDRÁ PEOR POR ESO HACEMOS EL LLAMADO A LA UNIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE GUERRERO Y TODO MÉXICO, AYA AFUERA HAY MAS LUCHAS DIGNAS QUE NO CAMINAN CON NINGÚN PARTIDO POLÍTICO ENGUSANADOS. ESTA LLEGANDO LA HORA DE BUSCARNOS Y ENCONTRARNOS PARA RESISTIR Y NO MORIR ARRODILLADOS”

La delincuencia ha sido parte del capitalismo y también de la contrainsurgencia. No es nada nuevo. Lo seguimos viendo en distintos lugares, en distintas formas. Sus relaciones no son secretas, las presumen, es parte de su “poder”.

¿Por qué desde el gobierno se pone al CIPOG-EZ como parte de la delincuencia?

Acusar a los que luchan por un mundo mejor, de ser parte de la delincuencia y de otros “grupos” no es nuevo, también ha existido a través de la historia, desde el poder se han usado calificativos como “robavacas”, “asaltantes”, “secuestradores”, “narcotraficantes”, “terroristas”, “ayotzinapos”, “los Atilas del sur” y otros. Tiene el objetivo de descalificar las causas y razones de las organizaciones autogestivas y de justificar las agresiones que se les hacen.

Saben bien que es el CIPOG-EZ y que son “los ardillos”. Y no es cierto que no puedan llegar a los lugares en que hay agresiones, hacerse “pato”, es estrategia. Después se “lamentarán” de los muertos y heridos, y darán alguna “ayuda” solidaria a los familiares dolientes. Con la infaltable foto.

¿Les estorba el que no piensa como ustedes?

Estamos seguros que los compañeros del CIPOG-EZ, seguirán resistiendo, manteniendo su organización comunitaria, sus gobiernos propios, defendiendo su cultura, sus recursos, su territorio. Negándose a vivir nuevas formas de esclavismo y de tiendas de raya.

EXIGIMOS INMEDIATAMENTE QUE SE LE REGRESEN LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE TENIA EL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS Y LA MADRE TIERRA EL COMPAÑERO JESÚS PLACIDO GALINDO Y HACEMOS RESPONSABLE A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO POR SU INTEGRIDAD FÍSICA O CUALQUIER COSA QUE LES LLEGUE A PASAR A ,A LOS COMPAS DEL CIPOG-EZ

Nos solidarizamos con las comunidades de la Montaña de Guerrero y todas las comunidades de guerrero agredidas por la delincuencia organizada y narcogobiernnos.

POR LA UNIDAD DE OBREROS, INDÍGENAS Y CAMPESINOS

ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE LA SIERRA DEL SUR

(TEPETIXTLA, COYUCA DE  BENITEZ, GUERRERO)

O.C.S.S

A los pueblos de México y del mundo,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,

A los medios libres e independientes,

A quienes caminan la palabra de la vida.

14 de mayo de 2026.

La guerra de conquista en contra de los pueblos originarios no deja de crecer en cada una de las geografías de este adolorido país que es México y se expresa en la violencia militar y paramilitar que vivimos cotidianamente. Nuestros pueblos, como nunca, viven privados de sus más elementales derechos, bajo constante asedio del crimen organizado y abandonados del Estado mexicano.

El miércoles 6 de mayo del 2026, de manera paralela a que las comunidades pertenecientes al Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata en el municipio de Chilapa, estado de Guerrero, empezaban a ser bombardeadas por el grupo criminal conocido como “Los Ardillos”, un comando del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó a comuneros de la comunidad purépecha de Acachuén, municipio de Chilchota, Michoacán, con un saldo de dos personas de la comunidad muertas y una más herida. Los habitantes de Acachuén, unidos y organizados se defendieron de los criminales para repelerlos, pero de manera sorpresiva la policía municipal se presentó en el lugar en el que la comunidad resistía a los delincuentes y atacó a los comuneros para proteger a los criminales.

Este hecho provocó que el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) se movilizara en apoyo a la comunidad de Acachuén, tomando diversas carreteras el día 11 de mayo del 2026. Sin embargo, una vez más el gobierno actuó en contra de los pueblos organizados y no en contra de los criminales, reprimiendo violentamente, mediante el uso de la policía estatal, a los integrantes del CSIM para desalojarlos de la autopista siglo XXI.

Hasta el momento ningún ámbito de gobierno ha dado la cara, ni con relación a los hechos ocurridos en Acachuén, ni con relación a la cruenta represión en contra del CSIM; y el gobernador del estado ha sido omiso para establecer la mesa de diálogo que la comunidad le exige para atender tan grave problemática, lo que demuestra el contubernio entre las instituciones del Estado mexicano, particularmente del gobierno de Michoacán, y el CJNG.

Hacemos responsables al gobernador del estado de Michoacán, ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA, a la presidenta municipal de Chilchota, ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ, así como a las instancias federales encargadas de la seguridad en el estado, del grave riesgo en que se encuentran la integridad y la vida de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad de Acachuén, a la vez que decimos que no están solos.

Exigimos la remoción inmediata de la presidenta municipal de Chilchota, ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ; el castigo a los policías municipales y funcionarios de gobierno implicados con el CJNG; el castigo a los efectivos y mandos de la policía estatal que reprimieron al CSIM el día 11 de mayo pasado; y la inmediata instalación de la mesa de diálogo demandada por la comunidad de Acachuén con el gobierno del estado y las dependencias federales encargadas de la seguridad a fin de atender la problemática.

Llamamos a nuestros hermanos y hermanas de México y del Mundo a exigir al gobierno mexicano garantías de seguridad para la comunidad de Acachuén y a brindar acompañamiento y solidaridad a su digna resistencia.

¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

Ayer, 14 de mayo de 2026, la Global Sumud Flotilla partió de Marmaris, Turquía, donde permaneció varios días tras ser ilegalmente interceptada por el Estado de Israel en aguas internacionales, ejerciendo violencia sexual y física contra los tripulantes y secuestrando, encarcelando y torturando a Saif Abukeshek y Thiago Ávila.

La Flotilla es la mayor misión humanitaria marítima de la historia, con más de mil personas de casi 100 países a bordo de 80 barcos, que, a pesar de los peligros y amenazas por parte de un Estado genocida que no respeta ninguna ley internacional y ha demostrado ser capaz de inconcebible brutalidad, continúan firmes en la determinación de llevar ayuda humanitaria necesitada desesperadamente por la población gazatí y llamar la atención mundial al genocidio en curso.

La violenta represión ejercida por Israel hace dos semanas sólo logró reforzar la convicción de continuar luchando pacíficamente por justicia y por la liberación del pueblo palestino. La tripulante vietnamita Tieu Ngoc Ashley, nieta de un sobreviviente de la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, describe lo que la motiva:

Cuando Estados Unidos intentó ocupar Vietnam, imaginaron una guerra rápida para someternos y partir. Pero duró más de 20 años. Y ganamos. Por eso, siento que tengo evidencias históricas, empíricas e incluso ancestrales de que Palestina será libre. Y eso me permite estar aquí y luchar con más fuerza.

Por otro lado, una de las tripulantes de la delegación sudafricana explica que la lucha contra el Apartheid es un faro para la lucha palestina.

Pienso en la lucha de mi propia familia durante el Apartheid, cómo miembros de mi propia familia fueroon presos políticos descritos como terroristas (…) Creo que es por eso que la representación sudafricana en esta misión es tan importante. El Apartheid terminó porque muchos países, organizaciones y fundaciones implementaron sanciones contra el gobierno (…) El poder del pueblo, el poder de todos unidos, es lo que rompe las ocupaciones. Es lo que rompe los sistemas de opresión.

Mientras tanto, el Estado de Israel desplega una campaña de desinformación, acusando a la Flotilla (una misión humanitaria internacional independiente) de ser violenta y afiliada a ciertos gobiernos y partidos políticos. Como denuncia el comunicado que reproducimos abajo, este mismo discurso fue utilizado para justificar el asesinato de 10 activistas a bordo del navío Mavi Marmara en mayo de 2010 por parte de las fuerzas armadas israelíes.

Ante las amenazas, la atención mundial. Ante la inacción de los Estados, la única posibilidad de frenar la brutalidad israelí y defender la Flotilla es la presión internacional de personas, colectivos y organizaciones alrededor del mundo.

Sigue la transmisión en vivo aquí:

Las Abejas de Acteal lanzan campaña internacional por justicia y paz a 29 años de la masacre

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 14 de mayo de 2026.

En las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal presentó este miércoles la campaña “Me oy Chapanel, oy jun O’ntonal” (“Si hay justicia, hay paz”), una iniciativa que busca exigir justicia para la Masacre de Acteal y presionar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la emisión del Informe de Fondo del caso 12,790 Manuel Santiz Culebra y otros.

A la conferencia asistieron más de 60 hermanas y hermanos sobrevivientes de la masacre, así como hijos, hijas, nietas y nietos de las víctimas. La jornada comenzó con una oración colectiva “para fortalecer los corazones”, en memoria de las 45 personas asesinadas y los cuatro bebés no nacidos que murieron en el ataque paramilitar ocurrido el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, municipio de Chenalhó.

Durante la lectura del comunicado oficial, Las Abejas denunciaron que, a casi 29 años de los hechos, continúa la impunidad y persiste la falta de justicia tanto para las víctimas como para las comunidades indígenas afectadas por la violencia en Chiapas.

“En Chiapas y en México estamos atravesando una oscuridad, dolor, discriminación, desprecio, burlas y simulaciones de justicia de los gobiernos priístas, panistas y el actual gobierno morenista. Estos gobiernos de cualquier partido han aprovechado la sangre y los dolores de los pueblos organizados para que allá arriba tengan poder para hacer lo que quieran con nuestras vidas”, señalaron en su comunicado.

La organización sostuvo que el retraso de la CIDH en emitir el Informe de Fondo fortalece la continuidad de la violencia en la región y permite que permanezcan impunes diversos crímenes ocurridos en Chiapas.

Las Abejas advirtieron que mientras no exista una resolución internacional sobre el caso Acteal, seguirán creciendo la inseguridad, los desplazamientos forzados y la violencia ejercida por grupos criminales y actores armados en distintas comunidades del estado. Puesto que permitimos a los malos gobiernos seguir ejerciendo la impunidad.

Asimismo, relacionaron esta situación con asesinatos recientes, como el del defensor comunitario Simón Pedro Pérez López y el padre Marcelo, además del incremento de ataques contra pueblos organizados.

Los jóvenes integrantes de las distintas comisiones de la organización también tomaron la palabra de manera colectiva. Hijas, hijos y nietos de las víctimas exigieron justicia para sus familiares y recordaron que ellos representan la memoria viva de quienes fueron asesinados.

“Nosotros somos el retoño de los cuatro bebés que fueron asesinados dentro del vientre de su madre y de las 45 víctimas”, expresaron durante la conferencia.

La campaña “Me oy Chapanel, oy jun O’ntonal” tendrá una duración de tres meses, del 14 de mayo al 12 de agosto. Durante este periodo se realizarán actividades de difusión mediante textos, imágenes, audios y testimonios de sobrevivientes de Acteal, así como la participación activa de jóvenes descendientes de las víctimas.

Finalmente, Las Abejas de Acteal hicieron un llamado a organizaciones sociales, medios de comunicación, colectivos y personas solidarias a difundir la campaña y acompañar la exigencia de justicia.

“Les invitamos a unir su voz a la nuestra, caminar juntos y exigir justicia para Acteal, porque anhelamos una paz con justicia verdadera”, concluyeron.

Las personas habitantes de San José Chiapa, Mazapiltepec de Juárez, Nopalucan, Rafael Lara Grajales y Ocotepec pertenecientes al Estado de Puebla, así como de Cuapiaxtla perteneciente al Estado de Tlaxcala, pueblos  campesinos con raíces indígenas nahuas asentados en la Cuenca Libres-Oriental, informamos a la opinión pública nacional e internacional:

Que rechazamos de manera categórica y contundente el proyecto denominado “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla”, que pretende construir e instalar el Gobierno Federal en el Pueblo Originario de San José Chiapa en una superficie de 40.428 hectáreas.

Este proyecto se publIcó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) pasado lunes 02 de marzo de este 2026 en el ACUERDO por el que se emite la “Declaratoria del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla”, todo como consecuencia y resultado del rechazo de la población hidalguense de Tula, Tlaxcoapan y Atitalaquia al “Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo” (PERH), así como de la solicitud hecha por la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) del Estado de Puebla a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para que el proyecto rechazado en el Estado de Hidalgo, traslade su ubicación y construcción en el Estado de Puebla.

En este proyecto denominado “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla” se pone al frente del mismo una mega recicladora de basura, además de la instalación de empresas como “Motores Limpios S.A.P.I de C.V.” (Zacua) – con una inversión de 730 millones de pesos-, “Peisa Foods S.A de C.V” -con una inversión de 200 millones de pesos-, “Grupo Charrito (Ferreterías El Charrito S.A. de C.V.)” , “Fábrica Tonalli/Estructuras Metálicas”- con una inversión de 300 millones de pesos-, “Grupo Hartmann (Alemania)- productos médicos, sanitarios y de higiene- y Corporación Molpack (Panamá) – empaques de pulpa moldeada y fibra natural- y otras inversiones relacionadas con los semiconductores entre otras.

Este proyecto significa continuar la transformación de nuestro territorio campesino en un cluster o parque
industrial sin nuestro consentimiento y sin ningún beneficio para nuestras comunidades, ya que desde hace añosnuestra región de la Cuenca Libres- Oriental padece graves problemas ambientales generados por las industrias instaladas en nuestra región como la empresa porcina “Grupo Carroll México”, la agroindustria “Driscoll”, la cervecera “Heineken” y la automotriz “Audi” perteneciente a la alemana “Volskwagen”.

Estas empresas no han generado beneficios para nuestra región y nuestra población, ya que sólo han llegado para acaparar el agua, contaminar el ambiente y, dar pocos y precarios empleos.
Y en cuanto a la parte del proyecto “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla” relativo a la mega-recicladora e incineradora de basura o de residuos sólidos nos oponemos tajantemente por las siguientes cuestiones:

-El gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido totalmente opaco y falto de transparencia en cuanto al volumen
de toneladas de basura o residuos sólidos que quieren depositar diariamente en San José Chiapa.
-Asimismo el gobierno federal y el gobierno del estado de Puebla, han ocultado sistemáticamente la
información relativa al tipo o clasificación de residuos que quieren o proyectan depositar en San José Chiapa o dan información contradictoria respecto al volumen de toneladas de basura que quieren trasladar a nuestro territorio.
-Nunca nos han tomado en cuenta. Nunca nos consultaron si estábamos de acuerdo o no en volvernos un
mega-basurero estatal o interestatal.
-El gobierno de Alejandro Armenta ha desatado una campaña de control mediático en el estado de Puebla
a partir de la visita de Claudia Sheinbaum el pasado sábado 11 de abril del presente 2026, cuando por “milagro” se acordó de San José Chiapa y fue anunciar la entrega de 240 viviendas del “Bienestar” en la entidad y la región.
-El control mediático y la censura en el Estado de Puebla la combatimos por medio de las redes sociales, las radios comunitarias y los medios alternativos de comunicación y este es uno de los motivos por los cuales
estamos haciendo esta rueda de prensa aquí en México-Tenochtitlan.
Además de eso, Alejandro Armenta ha realizado una campaña de criminalización contra quienes
defendemos nuestro territorio, acusándonos de “delincuentes” e incluso como represalia, despidieron a la ciudadana de San José Chiapa, Julisa Contreras Zuñiga de su trabajo en el Poder Judicial del Estado de Puebla.

¿Y cual fue el motivo de su despido injustificado? ¿El protestar con una manta en la visita de Sheinbaum
Pardo a San José Chiapa? ¿Acaso ejercer el derecho a la protesta pacífica es un delito? ¿Acaso es una falta de probidad laboral? No. Al contrario, es un acto represivo de un gobierno estatal autoritario.

Asimismo, funcionarios y operadores políticos del gobierno de Puebla han estado visitando continúamente San José Chiapa y los pueblos de esta municipalidad, manipulando asambleas, entregando tractores, juguetes, regalos y promesas de mejoras en los servicios públicos municipales. Es decir quieren convencer al pueblo con espejitos, migajas y promesas de “desarrollo sostenible”.

Todo esto contradice los dichos y afirmaciones de Claudia Sheinbaum, en el sentido de que nos iban a “consultar” y de que este proyecto se iba a “consensuar”, ya que el interés del gobierno federal con la alianza del
gobernador de Puebla, es imponer de manera autoritaria este ““Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla” en San José Chiapa.

Y como muestra de que evaden el proceso de consulta indígena establecido en el Convenio 169 de la OIT, es el repudiable hecho del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) no nos catalogó a San José Chiapa y a los Pueblos Originarios de la Cuenca Libres-Oriental como “Pueblos Originarios” o “Pueblos o Comunidades Indígenas”
y, por lo tanto estamos fuera de su catálogo respectivo denominado “Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas”.

¿Y quién es el INPI para decir que pueblo o comunidad es o no es indígena? ¿Acaso el hecho de que en
nuestra región se haya estado perdiendo el náhuatl como nuestra lengua materna nos vuelve extranjeros o no indígenas? ¿Entonces porqué declaran a otros Pueblos Originarios como Pueblos o Comunidades Indígenas en el Estado de Puebla, a pesar de que ya no hablen su lengua originaria como lo son Santiago Miahuatlan o Chapulco?
La razón de este acto incongruente y racista del INPI, es allanar la imposición del “Polo de Desarrollo de
Economía Circular para el Bienestar Puebla”, sin nuestro consentimiento previo, libre e informado.

Asimismo denunciamos que el Estado mexicano y de manera específica el gobierno de Claudia Sheinbaum y la titular de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Alicia Bárcena Ibarra, así como el gobierno de Alejandro Armenta han estado violando sistemáticamente el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el
Caribe” conocido como el “Acuerdo de Escazú”.

¿Y por qué afirmamos que el Estado mexicano ha estado violando el “Acuerdo de Escazú” en nuestro perjuicio y detrimento ambiental? Por lo mismo que hemos denunciado anteriormente, ya que no tenemos la
información completa del “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla” y la razón de porque no la tenemos, es porque no nos la han dado a conocer y, porque han ocultado toda la información
respectiva.

Asimismo, también están violando el “Acuerdo de Escazú”, porque no han cumplido con lo establecido en este Acuerdo en cuanto a la participación ciudadana, ya que todos los actos que ha estado haciendo el gobierno de Alejandro Armenta desde la visita de Claudia Sheinbaum a San José Chiapa el 11 de abril de 2026, no han sido de “participación ciudadana” sino de manipulación, control y coacción ciudadana.

Y también señalamos la absoluta incongruencia de la titular de SEMARNAT, Alicia Barcena Ibarra, ya que ella se desempeñaba como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuando se adoptó el 4 de marzo de 2018 el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” o “Acuerdo de Escazu”, mismo que entró en vigor el 22 de abril de 2021.

Es decir, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL que firmó con ese puesto o cargo el “Acuerdo de Escazú” es la
misma que ahora lo violenta y desconoce en perjucio ambiental de San José Chiapa y en beneficio del “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla” y de la política de Sheinbaum Pardo en favor del capital y en detrimento de nuestros Pueblos Originarios y de nuestro territorio en la Cuenca Libres Oriental en el estado de Puebla.
También rechazamos este proyecto “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla” , porque además de la mega-recicladora o mega-basurero incluído en el mismo y la ampliación del parque industrial en donde opera “Audi”, se plantea una incineradora de basura, lo cual es un grave y sumamente nocivo problema para la salud de la población y el medio ambiente, como se detallará adelante.
Otro asunto que denunciamos es el hecho de que Claudia Sheinbaum Pardo nos quiere llevar al falaz dilema que afirmó en su visita en San José Chiapa, cuando preguntó: ¿Qué prefieren, un basurero a cielo abierto
o una recicladora de basura limpia? Y nuestra respuesta es: “Queremos y exigimos que la PROFEPA haga la clausura total y definitiva del relleno sanitario intermunicipal de San José Chiapa por los daños a la salud y al medio ambiente provocados por su mala gestión y operación, que se demostró con el incendio sucedido en dicho basurero en febrero pasado. Y si, estamos de acuerdo en el reciclaje de los residuos o de la basura, pero de la nuestra, no de de la de otros municipios o de otros estados de la República, ya que no estamos de acuerdo en ser el mega-basurero de otros”.

Asimismo queremos denunciar la complicidad del Poder Judicial de la Federación con este proyecto“Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla”, por los siguientes hechos que demuestran que la independencia de poderes en México es sólo un falso discurso, ya que estamos viendo y viviendo un regreso o retroceso a las prácticas políticas totalitarias en la que los otros dos poderes se subordinan al Ejecutivo y a su Plan Nacional de Desarrollo.

TRIBUNAL COLEGIADO NIEGA LA QUEJA Y DEJA SIN SUSPENSIÓN AL AMPARO CONTRA EL “POLO DE
DESARROLLO DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA EL BIENESTAR PUEBLA (PODECIBI)” QUE SE QUIERE IMPONER EN SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.

1.Presentamos juicio de amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales del Sexto Circuito (expediente 597/2026-IV), contra el Acuerdo por el que se emite la Declaratoria del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla (PODECIBI), publicado en el DOF el 2 de marzo de 2026, y contra los actos y omisiones de las autoridades federales, estatales y municipales que lo sostienen.

2.El 27 de abril de 2026, el Juzgado de Distrito negó la suspensión provisional, argumentando que el Acuerdo es un instrumento “programático”que no ordena obras inmediatas y que suspenderlo afectaría el interés social. Esta resolución desconoce que el “Acuerdo de Escazú” obliga al Estado mexicano a garantizar acceso a la información ambiental, participación pública y consulta desde la fase inicial del proceso, derechos sistemáticamente negados a nuestras comunidades 3.Interpusimos recurso de queja el 30 de abril. El 7 de mayo de 2026, el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito confirmó la negativa de suspensión, dejando vigentes los efectos del Acuerdo y permitiendo que las autoridades sigan promoviendo el proyecto sin Manifestación de Impacto Ambiental aprobada y sin información pública verificable.

LO QUE EL PODER JUDICIAL OMITIÓ VALORAR

• El propio gobernador Alejandro Armenta confirmó el 13 de abril de 2026 que los residuos “que no tengan uso” serán incinerados. La incineración de residuos genera dioxinas, furanos, plomo, mercurio, cadmio, partículas finas y escorias tóxicas que contaminan aire, suelo, cultivos y agua subterránea, con efectos demostrados de cáncer, daño neurológico y problemas reproductivos.

• La mega-recicladora se ubicaría a aproximadamente 350 metros de viviendas y aun kilómetro de un centro educativo, según mediciones de la propia población.

• La Cuenca Libres-Oriental está en veda desde 1954, ya que su acuífero se encuentra sobreexplotado y la región es clasificada por el propio CONAHCYT como zona de emergencia sanitaria y ambiental, con las tasas de mortalidad por enfermedad renal crónica en jóvenes más altas del país.

• El proyecto contempla concentrar residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos — industriales y biológico-infecciosos— de muchos municipios de Puebla y posiblemente de Tlaxcala e Hidalgo, sin que se haya transparentado el origen, tipo ni cantidad o volumen.

• No se ha realizado consulta a pueblos y comunidades indígenas y campesinas, en violación al artículo 2° constitucional, al Convenio 169 de la OIT y a los artículos 6, 7 y 8 del Acuerdo de Escazú.

No aceptamos que se nos imponga un nuevo proyecto ecocida con el discurso del “desarrollo sostenible y la economía circular” .

Exigimos la detención del proyecto hasta que se cumpla el “Acuerdo de Escazú”: consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada; y, que el Poder Judicial Federal aplique los principios de prevención, precaución e in dubio pro natura.

¡No al “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla”

¡No queremos ser otra zona de sacrificio del capital y del gobierno federal y estatal de Puebla!

¡No a las prácticas autoritarias y tiranas del marinista Alejandro Armenta Mier!

¡Los Pueblos Originarios no somos su basurero!

¡La defensa del agua, de la tierra y de la vida no es negociable!

Ciudad de México, 13 de mayo de 2026.

Contacto entrevistas: Tel Jorge Octavio Contreras 2761107320

Correo: xindeku@yahoo.com

Al Pueblo de Villa Milpa Alta

A la Comunidad Indígena y Agraria de Hecho Milpa Alta

A los Pueblos Originarios de la Ciudad de México y el país

Al Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac

A la Asamblea de Representaciones y Autoridades Tradicionales de los Pueblos y Barrios de la Ciudad de México

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

Al Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

A la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos

A la Sociedad Civil

A los medios de comunicación libres e independientes

A la prensa Nacional e Internacional

Al Gobierno Federal

Al Gobierno de la Ciudad de México

Al Pueblo de México

El pasado 11 de marzo de 2026, la asamblea comunitaria del Pueblo Originario de Villa Milpa Alta fue violentada por funcionarios públicos de la Alcaldía Milpa Alta bajo la instrucción del Alcalde José Octavio Rivero Villaseñor, posterior el 13 de marzo estos mismos funcionarios que ejercían también el cargo de COPACOs de villa Milpa Alta conformaron un “comité de transición” para asumir el proceso del Presupuesto Participativo 2026 y 2027 destinado para el pueblo de Villa Milpa Alta, con engaños y compra de voluntades, funcionarios públicos, así como beneficiarios de programas sociales y allegados a la Alcaldía llevaron acabo una “asamblea deliberativa” el día 26 de marzo sin convocatoria alguna, ni su publicitación de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, cuartando el derecho a los habitantes del pueblo originario de Villa Milpa Alta a participar y presentar proyectos. En un acto de acarreo y control de seguridad total para su acceso, la Alcaldía Milpa Alta protegió un proceso espurio, mismo que algunos vecinos impugnaron ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y se radico bajo el expediente TECDMX-JLDC-054/2026 mismo que en su sentencia dejo sin efectos los actos realizados en el proceso del 26 de marzo. Ante este proceso el Consejo Comunal Indígena Nahua de Villa Milpa Alta fue requerido ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ya que en la sentencia del Tribunal Electoral TECDMX-JLDC-013/2026 y TECDMX-JLDC-037/2026 ha reconocido a este consejo como la Autoridad Tradicional del Pueblo de Villa Milpa Alta, mismas que han quedado firmes sin ninguna impugnación adicional.

Sin embargo la sentencia TECDMX-JLDC-054/2026, que reconoció que había que iniciar con el proceso de elección de presupuestos participativos fue impugnada por funcionarios públicos de la Alcaldía Milpa Alta ante la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral bajo el expediente SCM-JDC-0116/2026 y acumulados, misma que el pasado 07 de mayo de 2026, los magistrados de la Sala Regional, en un acto regresivo destruyeron los sistemas normativos no sólo del Pueblo Originario de Villa Milpa Alta, sino de los Pueblos Originarios de la Ciudad de México y el país, argumentando que las decisiones en los pueblos se valen a través de un sistema numérico y no a sus sistemas normativos internos violentando incluso la sentencia SUP-REC-35/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral que abrió la puerta a la elección de presupuestos participativos a los pueblos originarios a través de sus autoridades tradicionales. Esta nueva sentencia de la sala regional cuarto el derecho del pueblo a participar, votar y sobre todo proponer proyectos ante la asamblea convocada por esta Autoridad Tradicional, bajo el argumento de quienes impugnaron que, 750 personas decidieron por unanimidad los presupuestos participativos 2026 y 2027 destinados a proyectos cooptados y empujados por la Alcaldía Milpa Alta. La red hidráulica y mejoramiento de calles, es preciso señalar que estos trabajos son obligación del Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía Milpa Alta darles mantenimiento en el ejercicio del presupuesto ordinario.

Ante esta situación, más de 800 originarios del Pueblo de Villa Milpa Alta, este consejo comunal indígena, y dos vecinos más interpusimos tres recursos de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, para no permitir una sentencia regresiva por parte de la Sala Regional, el autoritarismo de la Alcaldía Milpa Alta y su grupo político, esto quiere decir que el presupuesto participativo aún no esta definitivo, del mismo modo el 29 de abril convocamos a asamblea este 13 de mayo de 2026 en el Centro Social y Cultural, Salón Santa Martha, para buscar elegir una alternativa congruente y propuesta desde la fuerza comunitaria del Pueblo Originario de Villa Milpa Alta.

Es preciso señalar, que el alcalde José Octavio Rivero Villaseñor, en un acto de desesperación ante la organización comunitaria a ordenado a su equipo político generar escenarios de violencia física, verbal, digital, administrativa y psicológica en contra de quienes formamos parte de esta Autoridad Tradicional que busca organizar escenarios distintos en nuestro pueblo, desde abajo y a la izquierda, desde el seno de la comunidad. Mismos actos que hemos denunciado ante los Órganos Internos de Control y que hemos exigido su inhabilitación y sean cesados de sus puestos.

Señalamos al Alcalde de Milpa Alta y lo hacemos responsable de cualquier acto de violencia en contra de la comunidad, de sus habitantes y de esta Autoridad Tradicional, llamamos a la comunidad organizada a sumarse en contra la arbitrariedad y los atropellos de este mal gobierno, llamamos a los pueblos y comunidades hermanas a estar alertas ante cualquier acto de violencia que se genere en el Pueblo Originario de Villa Milpa Alta y puedan pronunciarse ante la escalada de violencia que se vive en nuestro pueblo.

No permitiremos que la Alcaldía Milpa Alta siga saqueando los recursos del pueblo.

Seguiremos peleando por la dignidad de nuestro pueblo.

Seguiremos en pie de lucha, desde abajo y a la izquierda.

No permitiremos la cooptación de los recursos del pueblo parte de grupos políticos partidistas

Desde el Centro Alto de la Ciudad de México, Malacachtepec Momoxco, Pueblo originario de Villa Milpa Alta, a 13 de mayo de 2026.

Sierra Mazateca, Oaxaca, a 12 de mayo de 2026

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

Al Congreso Nacional Indígena (CNI)

Al Gobierno Federal de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Al Gobierno del Estado de Guerrero, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Sexta Nacional e Internacional

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida, en los cinco continentes

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos

A los pueblos originarios de México y del mundo

A los medios libres e independientes, academia crítica, organizaciones sociales y sociedad civil

Desde el Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC),

organizados desde la Sierra Mazateca, Oaxaca, expresamos nuestra profunda indignación, dolor y preocupación ante la violencia que hoy enfrentan las comunidades del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en la Montaña Baja de Guerrero.

Nos pronunciamos porque no podemos permanecer en silencio mientras comunidades indígenas enteras viven bajo el miedo, el asedio y el desplazamiento. Como pueblos originarios sabemos lo que significa defender la vida comunitaria en medio de amenazas constantes, el miedo y el riesgo permanente de despojo.

De acuerdo con la información compartida por las propias comunidades y organizaciones acompañantes, desde el 6 de mayo se han intensificado los ataques armados contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán, atribuidos al grupo criminal conocido como Los Ardillos. Los ataques, realizados con armas de alto calibre y drones, provocaron el desplazamiento forzado de más de 800 familias indígenas el pasado 9 de mayo, quienes hoy sobreviven refugiadas en otras comunidades, muchas de ellas también bajo riesgo.

Estos hechos no son aislados. Las comunidades del CIPOG-EZ llevan años denunciando asesinatos, amenazas, hostigamiento y violencia sistemática, sin que las autoridades hayan garantizado condiciones reales de seguridad. Sus denuncias han sido ignoradas o reducidas a supuestos “conflictos entre comunidades”, mientras la violencia se recrudece.

Como pueblos mazatecos, nos preocupa profundamente la integridad física, emocional y espiritual de nuestras hermanas y hermanos indígenas. Nos duelen las niñas y niños desplazados, las mujeres sosteniendo a sus familias en medio del miedo, las personas mayores obligadas a abandonar su hogar y las autoridades comunitarias que continúan resistiendo bajo amenaza.

No podemos normalizar el desplazamiento forzado ni el terror contra los pueblos indígenas. Cuando un pueblo es obligado a huir, no solo se abandonan casas: se hiere la memoria, la lengua, las formas de vida y el vínculo profundo con el territorio.

Desde la Sierra Mazateca rechazamos toda forma de limpieza social, desplazamiento forzado y etnocidio. Nos preocupa que esta violencia prolongada, tolerada y normalizada termine favoreciendo nuevas formas de despojo territorial y el avance de megaproyectos extractivos, entre ellos los mineros, históricamente impuestos sobre territorios indígenas mediante miedo, fragmentación y violencia.

Los pueblos no son territorios vacíos ni zonas de sacrificio. Los pueblos se cuidan, se respetan y se defienden. La vida de las mujeres, niñeces, abuelos, autoridades comunitarias y hombres indígenas importa. Ningún interés económico o político puede estar por encima de la vida y dignidad de los pueblos.

Denunciamos la responsabilidad del Estado mexicano frente a esta crisis. A pesar de que desde 2021 existen medidas cautelares emitidas por la CNDH, las agresiones continúan sin garantías reales de protección.

Responsabilizamos al gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, al gobierno de Guerrero encabezado por Evelyn Salgado Pineda, así como a autoridades municipales y corporaciones de seguridad, por la omisión y falta de acciones efectivas para proteger a estas comunidades.

Lo que hemos visto hasta ahora son operativos que simulan el cuidado de los pueblos, despliegues institucionales insuficientes que no han detenido los ataques, el miedo ni el desplazamiento de cientos de familias indígenas. No basta con presencia mediática de fuerzas de seguridad mientras las comunidades continúan siendo atacadas.

Por ello exigimos:

1. El cese inmediato de los ataques armados contra las comunidades del CIPOG-EZ.

2. Atención urgente, integral y digna para las más de 800 familias desplazadas. 3. Medidas reales y permanentes de protección para las comunidades indígenas en riesgo, respetando sus formas organizativas.

4. El cumplimiento efectivo de las medidas cautelares emitidas por la CNDH.

5. Investigación y sanción a responsables materiales e intelectuales, así como a funcionarios omisos o cómplices.

6. El reconocimiento de la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que viven las comunidades indígenas de Guerrero.

Hacemos un llamado urgente a los pueblos originarios, organizaciones sociales, redes de apoyo, organismos de derechos humanos y sociedad civil a no guardar silencio frente a esta violencia.

Desde la Sierra Mazateca abrazamos a nuestras hermanas y hermanos del CIPOG-EZ. Nos duele su dolor y nos preocupa profundamente su integridad física, emocional y espiritual.

No aceptamos el desplazamiento forzado como destino de los pueblos indígenas. No aceptamos el etnocidio ni la violencia que busca arrancar a los pueblos de sus territorios. No aceptamos que el miedo sirva para abrir paso al despojo y a los megaproyectos extractivos.

Los pueblos deben ser cuidados y respetados. Defender la vida y el territorio no debe costar la vida.

¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE GUERRERO!

¡VERDAD Y JUSTICIA PARA EL CIPOG-EZ!

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTR@S!

A T E N T A M E N T E

MOVIMIENTO DE ARTICULACIÓN DE LOS PUEBLOS OLVIDADOS DE LA

CAÑADA (MAPOC) SIERRA MAZATECA, OAXACA.

“Nosotros como CIPOG-EZ solo queremos construir otra forma de vida comunitaria”

San Juan Acateno, Teziutlán, Puebla, 2 de mayo de 2026.

Las organizaciones, colectivos y pueblos organizados que nos reunimos hoy provenientes de Hueytamalco, Chignautla, Ixtacamaxtitlan, San Juan Acateno, Tlatlauquitepec, Tehuacán, Cuetzalan, Zautla, Santo Tomás Chautla, Teziutlán, San Juan Ozelonacaxtla, San José Chiapa, Región Cholulteca y Nodo de Derechos Humanos, en el II Foro de Pueblos Organizados por la Vida y en contra de los Basureros, hemos iniciado un camino conjunto en la búsqueda de soluciones a problemas socioambientales que vivimos por la existencia de rellenos sanitarios y basureros en nuestros territorios, pero sobre todo por la inacción gubernamental para solucionar las situaciones que vivimos, pues es el propio gobierno, el que promueve el consumismo, así como la producción excesiva de plásticos y desechos. Impone basureros que violan las normativas establecidas por sus propias instituciones, como SEMARNAT, PROFEPA y SMADSOT, en territorios conservados por los pueblos impactando gravemente en el suelo, el agua, la tierra, el aire y la salud pública. Este modelo de contaminación pretende perpetuarse sin abordar el problema de la basura desde sus raíces. Asimismo, vemos falta de información y desinterés en la sociedad en general sobre el grave problema que enfrentamos como humanidad ante las cantidades de basura que producimos, especialmente debido al modelo de producción capitalista y a los altos niveles de consumo promovidos por las empresas con consentimiento del gobierno.

Como pueblos organizados por la vida y contra los basureros, sabemos que:

El cuidado y saneamiento del territorio sólo vendrá de los pueblos organizados.

El sistema nos tiene encerrados, distraídos, desvinculados.

No podemos luchar contra los basureros si seguimos generando basura.

Existe racismo ambiental, al poner los basureros donde “dicen” que no hay personas.

Así como está nuestro territorio, así está nuestro cuerpo.

El tejido social es fundamental para defender el territorio.

Los basureros se han cerrado por la fuerza de la comunidad

Nuestras Las luchas no son individuales son colectivas

Considerando esto,

Denunciamos:

Que los basureros representan un grave peligro para la salud pública, el suelo, el agua, el aire y la vida en general. Su operación genera la emisión continua de gases tóxicos que sobre calientan la tierra, que son inflamables y que han puesto en riesgo la vida en general cuando estos se han incendiado (como ejemplo el basurero de San José Chiapa el cual se incendió en febrero de este año), la filtración de lixiviados, los cuales dañan el suelo y, a su vez, contaminan los mantos freáticos, poniendo en riesgo la calidad del agua. Estos lixiviados contienen metales pesados que son perjudiciales para la salud humana, así como para la fauna y los ecosistemas en su totalidad. Además, los basureros actúan como puntos de concentración para ratas, perros, aves e insectos, que se reproducen sin control. Esto no solo propaga la contaminación existente en estos lugares, sino que también contribuye a la propagación de enfermedades en las poblaciones y comunidades cercanas, e incluso en aquellas más distantes, en el caso de las aves que se alimentan en los basureros y luego regresan a dormir en los bosques aledaños.

Que el modelo de producción capitalista en que vivimos promueve formas de producción, circulación y consumo de mercancías que no toman en cuenta el cuidado del medio ambiente y la salud pública, sino que anteponen la generación de ganancias económicas.

Que las refresqueras, embotelladoras de agua y la comida chatarra son responsables de la generación y contaminación con plásticos y empaques. Esta situación no solo provoca contaminación ambiental, sino que también contribuye al desarrollo de diversas enfermedades, tales como la diabetes, el cáncer, las caries dentales, la insuficiencia renal, la hipertensión, los infartos, la obesidad y el sobrepeso. Además, las embotelladoras de agua y refresqueras han sido vinculadas al despojo, el saqueo y la sequía en las comunidades originarias.

Que no existen programas de educación y concientización permanentes y articulados para promover la educación ambiental y el respeto a la Madre Tierra entre la población en general.

Que en el estado de Puebla existen otros rellenos sanitarios que se encuentran operando, contaminando y dañando la vida en general, como es el caso de San Juan Acateno, Santo Tomás Chautla y San José Chiapa, además de que proliferan los tiraderos de basura clandestinos a cielo abierto.

Que la comunidad de Hueytamalco, situada en la parte baja de la región, ha estado obteniendo su suministro de agua durante los últimos 20 años de San Juan Acateno, donde se localiza un basurero. Existe una gran preocupación por el consumo de agua contaminada, ya que durante las lluvias, los desechos de la parte alta descienden, lo que agrava la situación. Se han encontrado diversos contaminantes, como pilas, bolsas y pañales, entre otros.

Que en la comunidad de Chignautla, la asociación de agua potable enfrenta los intentos del gobierno y de empresas para instaurar un sistema operador de agua. Los comités de agua comunitarios son elegidos por los habitantes, y el tejido social ha sido crucial en la defensa del territorio.

Que en Ixtacamaxtitlan hay enfermos de leucemia por consumir agua contaminada. El gobierno señala que debido a los gastos que implica el traslado de la basura y la supuesta remediación del daño ambiental se reduce de manera significativa el gasto de la obra pública.

Que en San Juan Acateno, la contaminación continúa extendiéndose desde el basurero. Los lixiviados se filtran hacia los manantiales, lo que afecta directamente al ameyal de Ahuata, una fuente de abastecimiento para varios pueblos, que está siendo contaminada.

Que en Tlatlahuquitepec hay enfermedades de cáncer en niños (provocadas por basura y pesticidas).

Que en Cuetzalan los lixiviados del basurero que cerró la comunidad, continúa contaminando el subsuelo, sin que lleguen las medidas de remediación; que la zona de transferencia no avanza y se siguen trasladando los desechos inorgánicos, contaminando otro pueblo. y seguimos esperando el acta de clausura que emite PROFEPA.

Que en San Juan Ozelonacaxtla, el basurero se cerró el 2 de enero de 2026. La fuerza de la comunidad hizo posible el cierre. PROFEPA niega el documento que señala los términos de la clausura. Por parte de la PROFEPA no hay estudios del agua ni el suelo, solo inspecciones oculares.

Que en Tehuacán, la organización de los Pueblos ha permitido que dos denuncias de amparo se hayan ganado ante la PROFEPA, sin embargo, la contaminación continúa y la PROFEPA hace caso omiso.

Que en la Región Cholulteca, el basurero se cerró por la fuerza comunitaria. Las clausuras, procesos de cierre y contención de contaminación por parte de PROFEPA, SMADSOT, PROFAJ HIDROLIMPIEZA y Gobierno estatal sólo son simulación. Han sido los pueblos organizados los que han emitido un decreto que establece el cierre definitivo del basurero. Además, han financiado, mediante una rifa, los análisis del agua en laboratorios certificados para evaluar su calidad y han identificado las enfermedades que el basurero provoca en la región.

Que cuando las comunidades que ejercen su derecho a la libre determinación para remediar la contaminación en su territorio enfrentan ataques que intentan socavar su autonomía. Un ejemplo es la región Cholulteca, donde se busca mitigar la contaminación del Basurero Intermunicipal de Cholula de la empresa Pro-Faj Hidrolimpieza del Senador por Morena Cuauhtémoc Ochoa. la comunidad. a través de asambleas, decidieron crear el Bosque Palestina Libre, en solidaridad con el pueblo palestino, pero han sufrido incendios que dañan a la flora y fauna de este espacio de remediación y al tejido social que los sostiene. Estos ataques buscan frenar la organización y la fuerza colectiva de los pueblos originarios en su lucha por la autonomía y la libre determinación de los pueblos.

Que la solución al manejo de la basura propuesta por el gobierno estatal y federal bajo el nombre de “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar de Puebla” (PODECIBI) no representa una alternativa viable, pues no existen mecanismos de recolección y separación de la basura, y la instalación de un solo espacio para realizar un manejo y transformación de los residuos para miles de toneladas que se producen en diferentes municipios sólo generará mayores problemas en una región que de por sí ya ha sido considerada como “infierno ambiental”.

Que las autoridades federales, municipales y estatales, así como las empresas implicadas, no han realizado acciones de remediación en los rellenos sanitarios de Cuetzalan, Tehuacán, Cholula y San Juan Ozelonacaxtla, solo Tehuacán tiene el documento de la clausura definitiva, mismos que han recibido una clausura total y definitiva por parte de la PROFEPA esto gracias a la presión ejercida por la organización de los pueblos que han tomado decisiones y acciones concretas, basados en su libre determinación, han cerrado los basureros y han prevenido la entrada de más residuos en sus territorios.

Que el Estado manipula los medios de información, generando desinformación generalizada en la sociedad.

Que el gobierno, día tras día, promulga reformas y decretos «a medida» que facilitan la continuación de la contaminación y despojo en nuestros territorios.

A partir de estas denuncias

Exigimos:

Que se realicen las medidas de remediación que corresponden a los cierres declarados por PROFEPA en los rellenos que han sido clausurados, y que su puesta en práctica no implique la disminución de presupuesto para obras públicas en las comunidades afectadas;

Que se informen en las comunidades afectadas cuáles son las acciones que se llevarán a cabo en los territorios donde se ubicaban los rellenos que han sido clausurados, así como se incentive y apoye las acciones que las a comunidades han emprendido;

Que se implementen mecanismos legales que obliguen a las empresas a utilizar envases e insumos que no estén elaborados con materiales de un solo uso, así como a contar con sistemas para la gestión de los desechos que generan. Además, es fundamental que se reduzca y, progresivamente, se elimine la producción y promoción de estos productos, por sus afectaciones a la salud pública y al medio ambiente.

Que se realice un rediseño de los sistemas productivos y las empresas asuman la responsabilidad en la contaminación del suelo, agua y aire derivados de sus procesos de producción, así como de la basura que resulta de los productos que producen.

Que se prohíba la producción y comercialización de productos elaborados con materiales de un solo uso en todo el territorio estatal.

Que es necesario cambiar las normas oficiales y las leyes relacionadas con la gestión de residuos. Se necesita una regulación municipal que trate el manejo de la basura, los residuos sólidos urbanos y su disposición final. Demandamos una normativa municipal para el tratamiento de estos desechos y su correcta disposición.

Que se establezcan programas de educación y concientización permanentes y articulados en torno a la educación ambiental en escuelas y espacios públicos, apoyando las experiencias ya existentes en el estado.

Que se declare el cierre definitivo de los rellenos que están operando con mal funcionamiento, como el caso de San Juan Acateno, Santo Tomás Chautla y San José Chiapa, y se realicen revisiones en el territorio del estado para clausurar y multar a las personas y autoridades responsables de los tiraderos de basura clandestinos a cielo abierto existentes.

Que se cancele la creación del “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar de Puebla” (PODECIBI) y en su lugar se construyan estrategias de manejo familiar, comunitario y municipal de la basura. Exigimos que los municipios implementen reglamentaciones y programas de gestión sustentable, asegurando que cada uno asuma la responsabilidad de su propia basura.

Se respete el Bosque Palestina Libre, y a todos los compañeros y compañeras que se dedican al cuidado y mantenimiento de este espacio. Esta iniciativa simboliza la única estrategia de remediación ambiental autónoma, frente a la contaminación generada por el basurero intermunicipal de Cholula. Este esfuerzo se fundamenta en la autonomía y la libre determinación, ahí es donde radica su relevancia; representa un símbolo de resistencia y lucha que impulsa la esperanza colectiva frente a la injusticia del capitalismo y la contaminación, así como la solidaridad con el Pueblo Palestino.

Como pueblos organizados por la vida, proponemos:

La creación y fortalecimiento de medios de comunicación propios de los pueblos que difundan la información proveniente de los pueblos organizados por la vida y contra los basureros. Ante la desinformación provocada por los medios de comunicación de masas, hacemos un llamado a informarse desde las bases y en colaboración con las comunidades.

Crear y fortalecer las capacidades locales para el manejo de la basura. Como las ya realizadas por los pueblos de Coronango y Almoloya en la Región Cholulteca y los Volcanes, San Juan Acateno y Cuetzalan, en donde las compañeras y compañeros hacen labor comunitaria en torno a la basura; como la vajilla comunitaria, el programa de cambio de basura por maíz y la separación y tratamiento de residuos orgánicos en Cuetzalan, respectivamente.

Crear un esquema de educación ambiental, desde los pueblos y la organización colectiva y comunitaria.

Realizar un cuestionario dirigido a personas que habitan cerca de fuentes de contaminación, así como llevar a cabo talleres para el autodiagnóstico del agua, con el fin de detectar la posible presencia de metales pesados en el agua cercana a los basureros. Si se identifican metales pesados en el agua, se podrán realizar análisis certificados para alertar sobre esta situación y tomar las medidas necesarias.

Construir un acervo informativo de los pueblos.

Realizar talleres de capacitación para el proceso legal de defensa de nuestros territorios.

Analizar los desechos tóxicos, de las empresas, las fábricas, los hospitales que nos contaminan.

Producir nuestros propios alimentos, producir lo que comemos, para dejar la dependencia alimentaria y caminar hacia la autonomía.

Reiteramos nuestro compromiso con la vida, la salud y la defensa de la tierra y los territorios de los pueblos originarios. Hacemos un llamado a las comunidades, pueblos, colectivos y barrios, tanto en el campo como en la ciudad, para concientizar sobre su consumo y, por ende, sobre la generación de residuos. Recordemos que “el mejor residuo es el que no se genera”. La organización desde la base y la autonomía son las únicas vías efectivas para combatir los problemas que nos afectan, tales como el despojo, la contaminación y las enfermedades ocasionadas por los basureros impuestos en nuestros territorios.

Finalmente, nos pronunciamos por realizar un III Foro de Pueblos Organizados por la Vida y en contra de los Basureros, que se llevará a cabo el 25 de julio de 2026 en San José Chiapa. Las comunidades de San José Chiapa, Nopalucan, Lara Grajales y Cuapiaxtla se han unido en la lucha para detener la imposición del Mega Basurero, conocido como Polo de Economía Circular para el Bienestar Puebla. Como Colectivo de Pueblos Unidos por la Vida y por la Tierra, rechazamos contundentemente este megaproyecto que representa una amenaza para nuestra existencia. Este foro tiene como objetivo dar seguimiento a nuestras exigencias y propuestas.

ATENTAMENTE

SAN JUAN ACATENO NO ES EL BASURERO DE LA SIERRA

LOS PUEBLOS NO SOMOS BASUREROS

 NI UN KILO DE BASURA MÁS

NO AL MEGABASURERO EN SAN JOSÉ CHIAPA

PUEBLOS UNIDOS POR LA VIDA Y LA TIERRA

Ciudad de México, 12 de mayo de 2026

Acción Urgente 004

Las comunidades indígenas de la región Montaña Baja del estado de Guerrero pertenecientes a la organización CIPOG-EZ se encuentran bajo ataque armado. De acuerdo con denuncias urgentes de personas pobladoras desplazadas, se han registrado varios ataques armados en las comunidades de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán, todas comunidades indígenas del estado de Guerrero. Además, el 9 de mayo de 2026, integrantes de un grupo criminal ingresaron a la comunidad de Alcozacán. Comenzaron a atacar a la población civil —incluyendo a mujeres y niños— con drones y armas de alto calibre. Hasta la emisión de esta Acción Urgente, los ataques continúan en las comunidades y en el lugar donde se encuentran refugiadas las personas desplazadas.

Las familias denuncian que alrededor de 800 personas fueron desplazadas de las comunidades de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán y que durante los últimos días el grupo armado asesinó a por lo menos 5 personas de las comunidades, quemó viviendas, asesinó animales y sembró terror en la región.

Las comunidades denuncian la ausencia total de una intervención efectiva por parte de autoridades estatales y federales. Aunque había algunos elementos del Ejércitos destacados en las comunidades, estos no actuaron para proteger a la población civil, sino que se limitaron a tomar fotos. Pese a la gravedad de los hechos y a más de cinco días continuos de ataques, no han llegado elementos suficientes del Ejército Mexicano ni de la Guardia Nacional para garantizar la protección de las comunidades.

Desde el 2015, estas comunidades han estado bajo el asedio del crimen organizado, el cual busca generar terror en la población para desarticular la organización comunitaria y su sistema de seguridad y justicia indígena. En 11 años, hemos documentado por lo menos 76 asesinatos y 25 desapariciones. Por su parte, el Estado mexicano ha mostrado una actitud de completa indiferencia frente a la desesperación de los pueblos indígenas.

Desde la Red TDT, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Mision Civil de Observación – Sexta, hacemos un llamado urgente al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado de Guerrero, a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, medios de comunicación y organizaciones sociales para:

Implementar de manera inmediata un operativo de protección y seguridad en las comunidades atacadas.

Detener los ataques armados y el uso de drones explosivos.

Garantizar la vida e integridad de las personas desplazadas.

Realizar acciones urgentes de búsqueda y protección de personas desaparecidas o retenidas.

Investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los ataques.

Garantizar condiciones de retorno seguro para las familias desplazadas.

Se solicita a medios de comunicación, organizaciones civiles, colectivos, redes de solidaridad y organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales difundir urgentemente la situación que viven las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero y exigir al Estado mexicano acciones inmediatas para detener la violencia y proteger a la población.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Misión Civil de Observación-Sexta

Envíe sus llamamientos a:

Presidencia de la República: Lic. Claudia Sheinbaum Pardo

correo: atencionciudadana@presidencia.gob.mx

Secretaría de Gobernación: Rosa Icela Rodríguez Velázquez

correo: segob@segob.gob.mx

Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración: Felipe Arturo Medina Padilla

correo: subsedhpm@segob.gob.mx controlgestionsdhpm@segob.gob.mx

Titular de la Unidad de Derechos Humanos: Dr. Froylan Vladimir Enciso Higuera

correo: fenciso@segob.gob.mx

Comisión Nacional de Derechos Humanos: Lic. Rosario Ibarra Piedra

correo: presidencia.cndh@cndh.org.mx

Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos

correo: atencionfgr@fgr.org.mx

Gobernadora del Estado de Guerrero, Mtra. Evelyn Cecia Salgado Pineda

correo: demandaciudadanasp@guerrero.gob.mx

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Daniel Antonio Ledesma Ozuna.

correo: sspypc@guerrero.gob.mx

Fiscalía General del Estado de Guerrero, Zipacná Jesús Torres Ojeda.

correo: buzon@fiscaliaguerrero.gob.mx

Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán

correo: presidencia@cdheg.org

Relatora Especial de Desplazamiento Forzado Interno, Paula Gaviria Betancur

correo: hrc-sr-idp@un.org