Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
27 de febrero de 2026
Boletín No. 02
Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá
- Libertad inmediata a Francisco Moreno y María de Jesús integrantes del CNI y cancelación de las ocho ordenes de aprehensión.
- Condiciones precarias en el lugar de refugio de 8 familias, 30 personas, tseltales, entre los que se encuentran 17 menores de edad.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó el desplazamiento forzado de 30 personas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), ocurrido el 12 de febrero de 2026 en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, Chiapas. Ocho familias campesinas fueron obligadas a abandonar sus hogares con violencia extrema. Entre ellas se cuentan 17 niñas y niños, una mujer embarazada, dos personas adultas mayores y dos menores de edad con discapacidad.
A las ocho de la mañana fue la detención de Francisco Moreno Hernández (Francisco) por la Policía Municipal. En un segundo momento a las 11.00 hrs., aproximadamente cien personas irrumpieron en la tierra donde tenían sus casas y hacían la vida las ocho familias que están desplazadas. Entre los agresores se identificó la participación de la Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario.
El desplazamiento forzado interno dejó cinco casas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, animales domésticos asesinados y al menos tres personas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en ese momento fue detenida María de Jesús Sánchez (Maria de Jesús), durante el traslado fue torturada por un elemento de la Fiscalía Indígena y amenazada con ser desaparecida.
La violencia no terminó con el desplazamiento. Se profundizó en actos de criminalización y judicialización contra integrantes del CNI. Ese día Francisco y María de Jesús fueron puestos a disposición ante el Juzgado de Control de Yajalón, en el que se les señalo que estaban acusados del delito de despojo agravado.
El martes 17 de febrero continuó la audiencia, en la cual el Juez vinculó a proceso a las personas imputadas. A Francisco se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pese a que la Fiscalía no argumentó la necesidad de dicha medida, siendo esta la más lesiva. Actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados de Yajalón No. 12. Por su parte, a María de Jesús se le impuso la medida cautelar de firma periódica semanal.
Estas acciones forman parte de una estrategia de represión contra quienes defienden la tierra y se niegan a privatizarla. La participación de estas autoridades y actores locales en este evento constituye una grave violación a los derechos humanos.
A lo anterior se suman ocho órdenes de aprehensión que buscan legitimar la violencia y el desplazamiento, aumentando la vulnerabilidad de las familias que tuvieron que huir de sus hogares y que actualmente se encuentran en riesgo su libertad y seguridad.
Las consecuencias de este ataque afectan derechos fundamentales: la integridad y seguridad personal, el derecho a la vivienda y a la tierra, el acceso a la salud —incluyendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres— y los derechos de niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones de bienestar y protección. En particular, se subraya el derecho a la no discriminación en el caso de María de Jesús, mujer desplazada y madre de dos hijos y dos hijas en situación de vulnerabilidad que se agrava por la violencia y el desplazamiento.
Los impactos psicosociales son múltiples: ansiedad, miedo, insomnio, estrés, dolores físicos y agravamiento de enfermedades crónicas en adultos y personas mayores. Las infancias presentan pesadillas, decaimiento y afectaciones emocionales; un bebé de dos meses sufre vómito y diarrea, mientras que una mujer embarazada de cuatro meses padece dolores en el vientre.
El Gobierno federal y estatal son responsables de este grave desplazamiento que vulnera los derechos humanos de las familias afectadas. Deben garantizar protección, investigar los actos de violencia y asegurar justicia para quienes habitaron el ejido por más de 30 años.
Exigimos al Estado mexicano la aplicación inmediata de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y, en consecuencia, el cumplimiento de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas. En este marco, es urgente garantizar atención integral a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, quienes enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad tras el desplazamiento forzado. Asimismo, demandamos el cese de la criminalización y el retiro de las órdenes de aprehensión emitidas contra integrantes del CNI, así como la liberación inmediata de Francisco Moreno Hernández, actualmente privado de su libertad. Resulta indispensable que se realice una investigación exhaustiva y se sancione a los perpetradores identificados cuya participación directa e indirecta en los hechos constituye graves violaciones a los derechos humanos.
Convocamos a la solidaridad nacional e internacional a manifestarse y expresar su apoyo frente a estos actos represivos que buscan desarticular la resistencia de las comunidades indígenas en defensa de la tierra y la vida. La violencia ejercida contra las familias tseltales del ejido Jotolá es parte de una estrategia sistemática de despojo y represión que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios.
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Violencia sexual y reproductiva en Palestina: las mujeres como blanco estratégico del genocidio
Por Carolina Bracco* – LatFem | Other News
Foto de portada: Prensa Latina, Cuba
Lejos de ser un “daño colateral”, la violencia sexual y reproductiva contra las mujeres palestinas forma parte de una estrategia colonial de larga duración. El genocidio en Gaza se inscribe en una lógica demográfica que busca impedir la reproducción de la vida palestina y aniquilar no solo el presente, sino también la posibilidad de futuro.
El genocidio en Gaza debe ser comprendido como la fase más reciente de un proyecto colonial de asentamiento que, desde sus orígenes, tuvo como objetivo la eliminación de la población originaria palestina con el fin de garantizar la supremacía judía sobre el territorio. Lejos de constituir un episodio excepcional, la violencia actual se inscribe en una Nakba continua, iniciada en 1948 y jamás interrumpida.
Ese año, bajo el amparo del Mandato Británico, las milicias sionistas llevaron adelante una limpieza étnica sistemática que forzó a más de 750.000 personas a abandonar sus hogares. Más del 80% de la población nativa fue expulsada del territorio que poco después sería declarado Estado de Israel. Esta violencia fundacional -acompañada de más de 13.000 asesinatos- produjo en pocos meses una transformación radical de la composición demográfica: la población judía pasó de representar aproximadamente el 30% al 81% del total. El objetivo era reemplazar a la población existente, sentando las bases de un orden colonial cuya lógica eliminatoria continúa operando hasta el presente.
Pero a diferencia de otros procesos de asentamiento, el proyecto colonial no terminó: se naturalizó. Israel fue reconocido por la comunidad internacional sin exigirle justicia, reparación ni retorno para la población desplazada.
A pesar de las expulsiones masivas de 1948 y 1967 -que afectaron a 250.000 personas-, de la inmigración de más de un millón de judíos de la ex Unión Soviética entre 1990 y 2000, y de las múltiples matanzas, la proporción de población palestina en el conjunto del territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo nunca dejó de aumentar.
En el año 2000, los colonos judíos y sus descendientes representaban el 52% del total. Para 2010, eran apenas el 49%. Diez años después, solo el 47%. Estos son datos aportados por el académico palestino Joseph Masad, quien ve en el genocidio actual una estrategia política clara; la única que permitiría preservar la supremacía de los colonos sobre el territorio histórico palestino.
La preocupación sobre el desbalance demográfico ha estado siempre en la retórica y la política israelí; ya desde los años 70, la entonces primer ministra Golda Meir -la misma que decía que los palestinos “no existían”- declaraba que se iba a dormir preocupada pensando cuántos niños árabes nacerían durante la noche. Cuatro décadas más tarde, la ministra de justicia Ayelen Shaked declaró abiertamente que había que dispararles a las mujeres palestinas embarazadas porque “dan a luz a pequeñas serpientes”.
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